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Prisioneros de las FARC en la X Conferencia

“Hemos humanizado estos lugares de violencia, hemos defendido los derechos que aún nos quedan, nos hemos convertido en asesores políticos de los presos”

Bibiana Ramírez – Agencia Prensa Rural

Para el mundo entero es evidente que las cárceles no son el lugar ideal para sancionar un delito, sea el que sea. Menos en Colombia, donde éstas se han convertido en un grave problema de salubridad y seguridad. Allí no se cumple con el fin inicial que es de reintegrar a quien ha sobrepasado los límites de convivencia en la sociedad. Por el contrario: hace que los presos se llenen más de odio, que la violencia aumente o el desgano con la vida sea más elevado. Y todo se envuelve en un solo problema: la corrupción.

Allí los privilegios son para algunos y los maltratos para otros. Por ejemplo, el caso de los prisioneros de guerra es el más paradójico. “Los de las FARC son sometidos a un doble encarcelamiento. Están privados de seguridad, hay represión, no tienen derechos y en total aislamiento. Son enviados a cárceles de castigo, patios exclusivos de máxima seguridad. Tienen restricciones de comunicación y locomoción con el abogado, con la familia”, asegura Gustavo Gallardo, abogado defensor de prisioneros políticos y miembro del colectivo Lazos de Dignidad y de la coalición Larga vida a las mariposas.

Antes de iniciar la X Conferencia guerrillera, entre las FARC y Gobierno acordaron invitar a 24 prisioneros de diferentes cárceles del país como delegados. Sin embargo, el Gobierno un día antes dijo que no los podían sacar a todos. Solo llegaron 14 el 17 de septiembre y el 19 llegaron los otros, para un total de 21. “Hubo retrasos en las boletas de libertad, enredos que no facilitaron los trámites”, aclara Gustavo.

Ese 17 de septiembre, la llegada de los primeros prisioneros fue toda una eventualidad. Cuando se escuchó el helicóptero descendiendo a unos 30 kilómetros del lugar de la conferencia, los guerrilleros gritaban de alegría, aplaudían sin aún verlos de cerca. Cuando los prisioneros entraron con sus puños en alto, la felicidad era completa. Sabían que se reencontrarían con sus amigos y familiares aunque solo fuera por ocho días, porque también sabían que debían volver al encierro. Muchos con más de veinte años en prisión.

Foto: Bibiana Ramírez
Foto: Bibiana Ramírez

No es crisis, es un problema sistémico

Los medios de comunicación se han encargado de mostrar las cárceles como un lugar que entra en crisis por temporadas, pero los mismos presos aseguran que no es una crisis, porque nunca mejora nada, al contrario, todo empeora. “Es un problema sistémico”, dice Róbinson, uno de los delegados a la conferencia y quien lleva 22 años en la cárcel, nueve de ellos en un calabozo.

Hay cárceles que son el símbolo de la tortura en el país. Un ejemplo de ello es La Tramacúa en Valledupar, donde se violan todos los derechos, las huelgas de hambre son constantes, más de tres años sin agua y sin implementos de aseo. “Es la cárcel número uno de castigo, inclusive para los servidores públicos, cuando los mandan para allá lloran. Para nosotros los guerrilleros es más fuerte”, dice Chucho Nariño, quien era representante de los derechos humanos allí y también fue delegado a la conferencia.

La cárcel de Barranquilla es otro ejemplo. Hablan de que es un lugar de tortura, de crueldad. “En Barranquilla, después de once años de estar funcionando, no se permitía un cortauñas ni un espejo, con la excusa de que nos suicidábamos, pero en los patios tenían cuchillos. Demostramos eso y nos dejaron tener el cortauñas y el espejo, pero era el Inpec el que los vendía. En la cárcel se encuentra de todo por la corrupción que hay”, cuenta Róbinson. Allí, igual que en La Tramacúa ha habido presiones para que éstas sean cerradas, sin embargo la situación sigue igual.

En Palogordo se mueren dos presos al mes por falta de atención médica. Todos los días hay una pelea. “Una vez logramos generar conciencia entre los otros presos. Los que tuvieran muchas ganas de pelear, escogimos los jueves, quince minutos después del partido de fútbol, para que lo hicieran, de resto nadie podía pelear en ningún otro día, y lo acataron los demás presos, lo que hizo que mejorara un poco la convivencia”, asegura Róbinson.

Según los datos que tienen los prisioneros de guerra, que al tiempo son defensores de derechos humanos en las prisiones, y basados en datos oficiales, es que “hay 121 mil presos en todo el país en 138 cárceles, las cuales están diseñadas para 78 mil. Hay sobrecupo de 43 mil. Hay celdas de seis, siete u ocho personas sin baño, cuando son para uno o dos máximo. La cifra de la Defensoría es de 2.117 enfermos psiquiátricos que se han vuelto locos allí. Dan clozapina para el dolor de cabeza, eso va enfermando. El mismo Inpec se encarga de enloquecer a la gente, los vuelven farmacodependientes. Hay 760 enfermos de sida, 430 hipertensos, cinco mil con otras patologías. Ha aumentado el suicidio”.

El abogado Gustavo explica que lo más complicado es la salud en las cárceles. “El año pasado el régimen penitenciario cambió de modelo. La EPS encargada de todo era Caprecom. El Estado la termina y se crea un fondo de salud ineficiente e ineficaz, un modelo pospago. No hay medicamentos ni médicos y, sobre todo, los prisioneros de guerra tienen graves heridas, algunos mutilados o enfermos, igual que el resto de presos”.

Los guerrilleros dicen que han transformado las cárceles, porque las políticas revolucionarias están hechas para transformar la sociedad. “Hemos humanizado estos lugares de violencia, hemos defendido los derechos que aún nos quedan, nos hemos convertido en asesores políticos de los presos”, cuenta Chucho.

Acuerdos no cumplidos

Foto: Bibiana Ramírez
Foto: Bibiana Ramírez

La cárcel de Chiquinquirá recibió en junio a 300 prisioneros. Fue desocupada y acondicionada para recibir la concentración, según lo acordado, para luego pasar a las zonas veredales transitorias de normalización. Aunque hoy nadie sabe cuándo se dará ese paso. El tiempo estipulado después de la X Conferencia eran dos meses.

El abogado denuncia que el Inpec sigue asumiendo el mismo régimen represor a pesar de estar incluido en el proceso de Justicia y Paz. “Sacan a los presos a las seis de la mañana y le ponen un tornillo a la celda para que no vuelvan a entrar, los dejan en el patio todo el día. En la noche los vuelven a encerrar y le ponen un tornillo con una tuerca. Eso no es digno con un ser humano”. Las FARC tienen la cifra de 1.870 guerrilleros condenados en todas las cárceles del país.

El caso de los indultados todavía es incierto. Hubo incumplimientos y siguen replegados por amenazas. Habían acordado el Gobierno y las FARC que saldrían en noviembre del año pasado, pero salen en enero y el Estado comete un acto de imprudencia pasando los nombres y los rostros por televisión. También el Gobierno decide a quiénes liberar.

“Libera a los que tienen delito de rebelión, la mayoría a punto de salir. Es más complicado cuando el Estado no tiene seguridad para los indultados. Se les aplica la ley 418 de desmovilización, que pretende convertir al guerrillero indultado en desmovilizado. Les han enviado sicólogos y políticos para que hablen con ellos, pero no en un trabajo de reincorporación sino de inteligencia”, explica Gustavo.

Algunos salen porque sus condiciones de salud son delicadas, pero afuera tampoco son atendidos. Fueron llevados a un hotel y, como dice el abogado, “casi en una prisión hotelera donde es difícil conseguir educación o esparcimiento”. La preocupación de los defensores de derechos humanos es cuando salga una gran cantidad de la cárcel y reciban las mismas condiciones de inseguridad tanto para ellos como para sus familias.

Las mujeres guerrilleras también son víctimas de toda clase de atropellos en las cárceles, algunas con sus hijos ahí dentro, otras maltratadas por el machismo o por ser insurgentes. “Seguimos siendo rechazadas, discriminadas, estigmatizadas, señaladas con calificativos como terroristas, de no considerarnos dignas de estar en sociedad. Como madres y mujeres son mucho más duras las condiciones del encierro, por las situaciones adversas de nuestros hijos. La reclusión dificulta el mínimo vital para ellos”, dice Camila Nariño, quien está en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá.

Finalmente, después de que los prisioneros estuvieran en la X Conferencia proponiendo rutas a seguir, reencontrándose con los familiares y dando entrevistas a los medios, John Jairo Paz Guevara, otro prisionero de guerra, en rueda de prensa, hace una reflexión de lo que representan las cárceles en la sociedad colombiana. Dice que allí está el reflejo de lo que somos, además atribuye a los medios de comunicación parte de esta guerra.

“Hemos llegado a un acuerdo de construcción de una nueva Colombia. A estos luchadores que esperan de nosotros algo, les digo que esperen todo, estamos dispuestos a jugar la vida como siempre lo hemos hecho en procura de lograr los objetivos desde hace 52 años, que nos esperen en las calles porque ahí seremos líderes.

Son ustedes, medios de comunicación, culpables también de lo que pasa en este país, vamos a dejar las prisiones y quisiéramos llevarnos a todos los prisioneros, inclusive los más malvados, y son malvados porque los puso malvados una sociedad que es canalla y miserable, y que hemos aceptado desde los medios y de otras ópticas esa situación, entonces nos tenemos que regañar todos, porque todos tenemos un poquito de culpa por la sociedad que hemos construido.

Nos vamos a ver en las calles y vamos a luchar con el corazón y vamos a llevar a todos los pobres en el alma porque es la única forma real de construir ese mundo que todos decimos pero que nadie hace nada por cambiarlo. Jalémonos un poquito las orejas y aceptemos que hemos tenido la culpa”.

Foto: Bibiana Ramírez
Foto: Bibiana Ramírez

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