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REFORMA TRIBUTARIA, EQUIDAD Y PAZ

imagen tomada de internet

Por:

Diego Carrero Barón

@diegocarrerob

El 18 de octubre de 2012 cuando se instalaba en Oslo la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia de las FARC-EP, el jefe del equipo negociador del establishment, Humberto De la Calle Lombana, aseveraba que el modelo económico no estaba en discusión, insinuando en ultimas que la inequidad y la pobreza que trae consigo el esquema de despojo promovido por el neoliberalismo no está relacionado con la oscura noche que ha acompañado las ultimas décadas de la historia nacional, nada más equivocado.

La reforma tributaria presentada por el jefe de la cartera de Hacienda Mauricio Cárdenas al Congreso de la República el 19 de octubre, 4 años después del discurso De la Calle, evidencia las contradicciones del modelo económico en relación a la intencionalidad de sentar las bases de una sociedad más democrática en Colombia en tanto no existe algo más antidemocrático que la concentración de la riqueza y la precarización de las condiciones materiales de vida del conjunto de la población en beneficio de un sector privilegiado de clase como lo es el rentismo financiero, en un país donde el 1% de la población concentra más del 20% de la riqueza nacional.

Tres son las razones centrales que explican, en el marco del modelo extractivista actual, la reforma tributaria diseñada por las autoridades fiscales: 1) La caída en $27 billones de la renta fiscal petrolera relacionada con el desplome internacional de los presiones del crudo, y que hace que los tributos pagados por las empresas petroleras disminuyan junto con los dividendos transferidos por Ecopetrol a la Nación, así como con $800.000 millones que MinHacienda tendrá que devolver de impuestos a las empresas del sector; 2) La depreciación del peso frente al dólar que junto a la inflación incrementó el servicio de la deuda pública en $7,2 billones; 3) La ley 1473 de 2011 de sostenibilidad fiscal que contempla la reducción progresiva del déficit estructural y que es un requisito fundamental para que las calificadoras internacionales de riesgo aprueben la gestión macroeconómica de los mercados en el país.

Dicho en otras palabras la décimo tercera reforma tributaria que se plantea para el país desde la constitución de 1991, es una necesidad del gobierno colombiano en medio de un hueco fiscal de 34,4 billones de pesos (4,3% del PIB) generado por el modelo extractivista sustentado en la exportación de la canasta minero-energética en momentos de desaceleración internacional de la economía, caída de los precios de las commodities, y donde el país ha empeñado la política económica a través de la regla fiscal.

En ese contexto y para evitar afectar la calificación riesgo-país (en este momento triple B), cumplir sus obligaciones con el sistema financiero, que en el caso de los bancos obtuvieron unas ganancias de $9,5 billones en 2015, el gobierno espera recaudar con la reforma tributaria alrededor de $25 billones -los intereses de la deuda pública son de $28 billones- manteniendo un déficit fiscal de 1,1% PIB que significará incrementar el endeudamiento público, y nuevas reformas tributarias a futuro.

La reforma planteada mantiene la tendencia de concentración de ingresos y colocar a las capas medias y sectores populares a pagar los efectos de las crisis fiscal generada por el modelo económico, ya que incrementará en 3 puntos el IVA, que es como lo señalan muchos el corazón de la reforma, pasando la tarifa general del 16% al 19%, eliminando el CREE –Impuesto sobre la renta para la equidad- al sector empresarial, manteniendo el 4 por mil, y exponiendo a declarar retención en la fuente a los trabajadores que devenguen más de un millón quinientos mil pesos.

Así las cosas la posibilidad de distribuir las ganancias del crecimiento económico se hacen borrosas con lo que en medio de un escenario de vulnerabilidad se robustecen las bases estructurales que sitúan la política fiscal en función de la acumulación financiera y colocan a las capas medias y sectores empobrecidos de Colombia pagar los costos de la crisis por el modelo impuesto, nada más antidemocrático y en contra de la paz, el dialogo nacional que se abre en el país como consecuencia de la necesaria implementación de los acuerdos de la Habana, así como del dialogo público que se inicia con el ELN, deberán tener como protagonista un movimiento social que con ideas, audacia y movilización profundice la discusión respecto a la necesidad de un modelo económico y de gestión fiscal en función de un proyecto de sociedad menos desigual, condición necesaria para que la democratización del país que es lo que se juega en la coyuntura económica y política actual.

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