You are here
Home > Opinión > Implementación del punto 2: un paso para democratizar el país.

Implementación del punto 2: un paso para democratizar el país.

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa Cauca (ACPA-Cauca)

18 de enero de 2017

 

Lo sucedido en estos 18 días que van del año es una muestra clara de la historia de nuestro país, del funcionamiento de la política, el Estado y sus instituciones: asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, amenazas, extorsiones, corrupción, fortalecimiento y copamiento paramilitar, medios de comunicación al servicio de la oligarquía que sistemáticamente invisibilizan la realidad, crisis institucional e ilegitimidad del régimen crecientes.

Década tras década, el rigor del conflicto social y armado colombiano marcó nuestra historia. Hoy, luego de la firma final de los acuerdos de La Habana y el inicio de su refrendación vía congreso, tenemos la oportunidad de cimentar las nuevas bases de una Colombia democrática y la posibilidad de confiar nuevamente en la política.

La implementación del punto 2 es una pelea que se debe dar hasta el final; en este están condensadas las garantías que abrirán el espectro político para que las disputas por el poder, que organizaciones y movimientos políticos y sociales han venido desarrollando, puedan darse sin ser asesinados ni exterminados sus integrantes.

Con la implementación a cabalidad de este punto, casos como los de la UP no se volverían a repetir, aunque hoy, en medio de esta disputa, movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica vengan padeciendo la misma suerte sin que el gobierno dé solución alguna.

La construcción de la paz estable y duradera, sin duda alguna, necesita de esta democratización del país, sin violencia, con garantías plenas de derechos sociales, económicos, políticos y culturales; pues el silencio de los fusiles solamente, no significa ni representa la paz que el pueblo colombiano necesita y merece.

Es, pues, deber histórico de esta generación para con las futuras venideras, que el estatuto de oposición y participación ciudadana sean leyes de la república. También que el tránsito a la vida política sin armas de las FARC-EP se logre a cabalidad con las garantías que ellos necesitan, que los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales tengan plena seguridad de que no van a ser asesinados por el hecho de defender y exigir mejores condiciones de vida para las comunidades y que por primera vez en Colombia, se pueda dar una apertura de los medios de comunicación para quienes piensan diferente a la clase dirigente que ha llevado y mantenido en la pobreza a millones de personas.

Esta decidida apuesta de quienes han dedicado sus vidas a la solución política y negociada al conflicto podrá, en el mediano y largo plazo, cambiar la cultura política estigmatizadora, corrupta y contrainsurgente, que persigue el pensamiento crítico, y nos ha dominado desde siglos atrás.

La tarea no es fácil. La creciente organización y movilización del pueblo, la participación en las discusiones en cada territorio, la constante denuncia y exigencia de garantías, rodar las propuestas de cara a la implementación, las reuniones en las juntas, barrios, veredas, corregimientos, colegios, universidades, serán algunos instrumentos a los cuales deberemos echar mano para caminar por la senda que nos conduzca a la paz con justicia social.

Participar de manera propositiva en los espacios y eventos que las comisiones encargadas realicen para recoger los mejores insumos en torno al estatuto de oposición y la participación ciudadana debe ser tarea prioritaria. De estos insumos se construirán los lineamientos que desembocarán en los proyectos de ley.

Fundamental es que el análisis, seguimiento y estudio de las normas, decretos, actos administrativos y otros instrumentos legales que rigen la participación política, sean realizadas en nuestras organizaciones y promovidas en los diferentes espacios, que permitan visibilizar la falta de instrumentos jurídicos para la protección y potenciación de los escenarios y disputas políticas.

La participación activa de las comunidades más afectadas por el conflicto debe ser transversal en todos los puntos del acuerdo: uno de ellos es en torno al acceso a medios de comunicación, radios comunitarias, convocatorias, entre otras, lo cual es una prioridad para comenzar a romper el cerco mediático que nos han impuesto por décadas y con ello, proyectar la democratización de los medios, participar en ellos, dirigirlos y no dejar que organizaciones e individuos que quieren lucrarse de los acuerdos, se hagan con estas victorias del pueblo colombiano.

 

Similar Articles

Deja un comentario

Top